Morena en el Congreso legisla para el pueblo, aprueban hasta 22 años de cárcel por “halconeo” en Sinaloa.
En el pleno del Congreso del Estado se aprobó el dictamen que reforma el Código Penal del Estado de Sinaloa, el cual establece endurecer las penas contra el llamado “halconeo”, práctica utilizada por grupos delincuenciales para vigilar y obtener información sobre actividades de las fuerzas de seguridad.
Una persona que cometa este delito y además cometa algunas de las agravantes, podría alcanzar hasta 22 años de prisión en el peor de los escenarios, informó la diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Poder Legislativo, Teresa Guerra Ochoa.
Actualmente se aplica una pena de 4 años 6 meses a 15 años de prisión, y de 1 mil a 2 mil días de multa a quien aceche, vigile, espíe o proporcione información sobre las actividades oficiales o personales que realicen o pretendan realizar los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública.
Lo anterior, en el caso hipotético de que un juez dicte la sentencia máxima de 15 años y a eso se le incluya el agravante de haber utilizado a menores de edad, es decir, de 7 a 8 años más, quedaría una pena máxima de 22 a 23 años.
reformas al Código Penal para castigar con mayor severidad a quienes actúen como punteros o informantes del crimen organizado.
La reforma incluye agravantes como:
Perseguir a autoridades con fines ilícitos
Usar radios o celulares para alertar de operativos
Reclutar menores, adultos mayores o personas con discapacidad.
En conferencia de prensa, la legisladora subrayó que el “halconeo” en Sinaloa ya tenía una penalidad alta, de tal manera que en cualquier condición no alcanza fianza una persona que cometa este delito.
La iniciativa busca combatir esta práctica utilizada por grupos criminales para obstaculizar la labor de las fuerzas de seguridad.
Con esta aprobación, se atiende la necesidad de fortalecer las herramientas legales para enfrentar a la delincuencia organizada, particularmente frente al uso de tecnologías no reguladas e involucrar a personas en situación de vulnerabilidad en actividades de vigilancia ilícita.
Esta iniciativa fue impulsada por las diputadas María Teresa Guerra Ochoa y Arely Berenice Ruíz López, así como por el diputado Eligio López Portillo, integrantes del grupo parlamentario de Morena, y dictaminada por la Comisión de Justicia.
Porque en Morena, la justicia social no se discute: se construye, se defiende y se legisla.
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